Hoja de Cálculo sobrecostes cártel camiones

Esta hoja de cálculo, es una herramienta de Excel que permite obtener una aproximación de los sobrecostes abonados por la compra de los camiones fabricados por aquellas empresas que han sido multadas por la formación del cártel de fabricantes de camiones.

Para obtener un valor lo más aproximado posible, deberá cumplimentar los datos referidos al fabricante, el tipo de vehículo, año de fabricación, MMTA y cilindrada.

Esta herramienta es una mera aproximación de la indemnización que habrá que solicitar a los fabricantes de camiones. En ningún caso deberá servir para sustituir el Informe Pericial que deberá acompañar a todas las comunicaciones judiciales y extrajudiciales. En el Informe Pericial los Ingenieros responsables de su redacción calcularán minuciosamente este valor en función de las características concretas de cada camión, y que por su complejidad no pueden ser representadas en esta sencilla hoja. Si está interesado en nuestros servicios como Ingenieros Peritos, por favor mandar un correo a (frank.rodriguez@sialsol.es)

Puedes saber más sobre las consecuencias de este cártel leyendo en este post (https://www.sialsolhome.com/publicada-resolucion-integra-del-cartel-de-fabricantes-de-camiones/).

Cálculo Sobrecoste Camión

Publicada Resolución Íntegra del Cártel de Fabricantes de Camiones

La Dirección General de la Competencia de la Comisión Europea ha publicado la decisión provisional respecto al cártel de fabricantes de camiones, para que los afectados puedan iniciar los trámites de reclamación por posibles daños y perjuicios.

la Comisión Europea impuso a finales de julio de 2016 una multa de 2.930 millones de euros a los fabricantes de camiones DAF, DAIMLER-MERCEDES, IVECO, VOLVO-RENAULT y MAN, por haber actuado como un cártel, pactando sobreprecios en la venta de camiones, vulnerando la normativa comunitaria sobre competencia, durante el periodo que va de 1997 a 2011.

Con fecha 6 de abril de 2017 se ha conocido finalmente la decisión de la Comisión donde incluye su fundamentación jurídica y económica, de forma que abre la puerta a reclamar por daños y perjuicios a todos aquellos que adquirieron, también por medio de leasing o renting, camiones de más de 6 toneladas, entre 1997 y 2011, con posible extensión hasta 2013 (Documento 1) (Documento 2)

El sobrecoste en el precio de compra, que constituye el perjuicio real causado y reclamable, se calcula aproximadamente entre el 10% y el 20% sobre el precio del camión, aunque para realizar una mayor concreción de este perjuicio resultará imprescindible efectuar una cuantificación pericial individualizada antes de acudir a la vía judicial.

Las posibilidades de que las reclamaciones que formulen los perjudicados por estos pactos de sobreprecio prosperen son altas, dado que, una vez constatada la conducta ilícita, tal y como ha determinado la Comisión Europea, e incluso habiendo reconocido esta conducta las propias empresas implicadas, su acreditación está asegurada y solo quedaría por acreditar el perjuicio concreto causado. Perjuicio que además se presume en todo caso, conforme a la normativa comunitaria, siendo la parte demandada la que tendría que acreditar su inexistencia, en el sentido de que el sobrecoste se hubiera repercutido en clientes finales (teoría del “passing-on”).

¿Quién puede reclamar?

Cualquiera que haya comprado (incluido a través de leasing) un camión de más de 6 toneladas de los fabricantes señalados en el periodo que va desde 1997 hasta 2011.

¿Dónde se puede reclamar?

La reclamación se basa en la responsabilidad extracontractual de estos fabricantes por daños causados, resultando competentes los Juzgados y Tribunales españoles, respecto de los afectados residentes/domiciliados en España y que hubieran comprado los camiones en España.

¿Cuánto se puede reclamar?

Se podrá reclamar el sobreprecio abonado que, una vez conocidos los argumentos económicos que contenga la resolución de la Comisión, podrán ser concretados en informe pericial sobre la evolución de precios previa a la constitución del cártel, y la posterior, a efectos de establecer el quantum concreto del perjuicio.

¿Hasta cuándo se puede reclamar?

En principio la normativa española establece un plazo de 1 año desde que se conozca el daño. Dado que la publicación de la Resolución Íntegra se llevo a cabo el 06 de abril del 2017, inicialmente la demanda deberá interponerse antes del 06 de abril del 2018.

Ahora puedes calcular la indemnización por tu camión (https://www.sialsolhome.com/hoja-calculo-sobrecostes-cartel-camiones/)!!!

Multa millonaria al cártel de fabricantes de camiones

El 19 de julio de 2016 la Comisión Europea publicó una nota de prensa informando sobre un acuerdo fraudulento entre los principales fabricantes de camiones de Europa (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2582_en.htm).

La Unión Europea (UE) impuso una multa récord de 2.926 millones de euros a un cártel de fabricantes de camiones que durante 14 años (desde 1997 hasta 2011 ambos años inclusive) fijó precios y repercutió los costes de la adaptación ecológica en los precios de venta. El número de Vehículos Industriales en España, afectados por este cártel y por tanto con un sobreprecio en su compra, es de unas 200.000 Uds

Las empresas que constituyeron este cártel son: Las firmas alemanas MAN (propiedad de Volkswagen) y Daimler, así como la sueco-francesa Volvo/Renault, la holandesa DAF y la italiana Iveco. Todas ellas han reconocido su participación en el cártel. El fabricante Scania también está bajo investigación, pero a día de hoy no ha reconocido su participación, si bien también han realizado una provisión de fondos de 404 millones de euros.

El fabricante MAN ha sido exonerado de las multas, porque “reveló la existencia” del acuerdo. Las demás empresas recibieron reducciones de entre el 10 y el 40 % por su colaboración en la investigación y además, los cinco fabricantes recibieron otra disminución de un 10 % de la sanción al haber admitido su participación en el cartel. El desglose de las multas interpuestas por la Comisión Europea queda de la siguiente manera

Reducción con arreglo a la Comunicación sobre Clemencia

Reducción por aceptación de la Constitución del Cártel

Multa (€)

MAN

100%

10%

0

Volvo/Renault

40%

10%

670 448 000

Daimler

30%

10%

1 008 766 000

Iveco

10%

10%

494 606 000

DAF

10%

752 679 000

Total

2 926 499 000

Las tres irregularidades de las que son acusados, y que afectaron directamente a todos los clientes que adquirieron un vehículo industrial de alguna de estas cinco marcas, durante los años 1997 hasta el 2011 (fecha en la que se disolvió el cártel) son las siguientes:

  • Pacto a la hora de establecer los precios para los Vehículos Industriales medios (de 6 y 16 Tn) y Vehículos Industriales pesados (más de 16 Tn).
  • Pacto para retrasar la inclusión de tecnología en sus vehículos para cumplir con las normas comunitarias de emisiones contaminantes.
  • Repercusión en los clientes de los costes de los sistemas de control de las emisiones.

A los participantes del cártel se les concedió tres meses para hacer la provisión de fondos. Todos ellos ya han hecho frente a las multas.

La comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, dijo que “no es aceptable” que estas multinacionales del sector, que representan nueve de cada diez camiones pesados y de medio tonelaje producidos en Europa, “hayan formado parte de un cartel en lugar de haber competido unos contra otros”.

La consecuencia directa, es que cualquiera que haya comprado un camión a partir de 6 toneladas entre 1997 y 2011 de las marcas MAN, VOLVO / RENAULT, DAIMLER (MERCEDES), IVECO y DAF (estamos a la espera de la resolución con respecto a Scania) puede reclamar una indemnización a estos fabricantes.

El cálculo de la indemnización deberá ser realizado escrupulosamente de manera individualizada (frank.rodriguez@sialsol.es), no obstante en términos muy generales podemos adelantar los siguientes cálculos.

El precio medio de estos vehículos industriales, van desde los 40.000 € hasta los 160.000 €, incluso más. Supongamos que cogemos un precio medio de 80.000 €. Según las estadísticas relativas a colusorios, el sobrecoste fluctúa entre un 15% – 20%. Si nos movemos en valores mínimos, el sobrecoste que habría que solicitar como indemnización, sería de 12.000 € + IVA + Intereses de Demora.

A esto habría que sumarle el coste de la implantación de los sistemas de retención de gases contaminantes, que como bien dice en la nota de prensa de la Comisión Europea, está demostrado que los fabricantes hicieron un Passing-On. Estos sistemas en camiones pueden encarecer hasta en 10.000 €/unidad. Siendo conservador podemos fijarlo en 6.000 €.

Por tanto, el total por unidad sería de 18.000 € + IVA + Intereses de demora (Por Unidad afectada).

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Otra sentencia en España a favor del demandante y en contra de Volkswagen. Un juez estima una indemnización del 10%

En este caso, la demandante no aporta Informe Pericial y es el Informe del Perito Judicial el que ayuda al magistrado a determinar la indemnización. Insistimos en la necesidad de presentar un Informe Pericial de parte (frank.rodriguez@sialsol.es).

Un juzgado de primera instancia de Santander ha ordenado rebajar un 10% el precio de un coche de Volkswagen trucado. En concreto, la demanda es por un Audi que incorpora un software de Volkswagen que alteraba las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) cuando detectaba que el coche estaba siendo objeto de pruebas de laboratorio. Por ello, el juez ha ordenado la rebaja, por lo que el concesionario tendrá que abonar 2.389 euros a la compradora.

En la sentencia, difundida este jueves por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), el juez rechaza resolver el contrato, tal y como pedía la demandante, pero sí reconoce la rebaja del precio del vehículo dado que la retirada del software supondrá una pérdida de potencia y mayor consumo de gasolina.

El magistrado se basa en el informe del perito judicial, quien afirmó que subsanar el trucaje conlleva que el turismo quede “afectado en su funcionamiento, aunque de forma mínima y no perceptible para un conductor normal”. Según el perito, la solución ofrecida por Volkswagen para corregir el software “parece ser correcta” de cara a las emisiones de gases contaminantes, sin embargo, no lo es de cara a la operativa del motor. “La potencia en el momento de alcanzar el par motor se ve reducida en un 4%, lo que provoca que al tratar de exigir las máximas prestaciones, por circunstancias de la carretera o una maniobra, el vehículo se vea penalizado en consumo”, explica la sentencia.

Así, continúa la resolución, “tras la intervención de corrección, el vehículo puede ver reducida su potencia a 134 caballos de los 140 caballos originales, con el consiguiente consumo extra”.

En su demanda, la compradora del vehículo solicitaba la resolución del contrato y la devolución del precio abonado, previa deducción de la depreciación que hubiera sufrido el coche desde su adquisición, en 2013.

Conocida la existencia de este software, el fabricante inició una campaña de subsanación de esta manipulación, y la autoridad alemana responsable de homologación de vehículos certificó que, tras la intervención propuesta por Volkswagen, no se producen variaciones en la potencia y el par máximo.

En el mismo sentido se pronunció el perito del concesionario demandado, que dictaminó que “la implementación de las medidas propuestas no provocará alteración alguna respecto a los valores registrados en homologación, particularmente en par máximo, potencia máxima, consumo de CO2 ni el resto de emisiones reguladas”.

Frente a tales argumentos, el perito judicial sí advierte una afección, si bien de “mínimas consecuencias” que, como señala la sentencia, “no priva al vehículo adquirido del fin al que está destinado, ni condiciona su uso de forma que permita al comprador resolver el contrato”.

La demandante solicitaba exclusivamente resolver el contrato y la devolución del importe pagado por el vehículo, pretensión que no ha sido acogida por el juez. Sin embargo, tal y como este explica en su sentencia, puede de oficio adaptar tal pretensión estableciendo una rebaja en el precio. En este sentido, entiende el magistrado que si la potencia se ve reducida en un cuatro por ciento en el momento de alcanzar el par motor, en ese porcentaje debe reducirse también el precio de venta. Y además, dado que tal pérdida de potencia puede ocasionar un plus en el consumo, por este perjuicio se puede fijar otro porcentaje alzado del seis por ciento que también debe reducirse del precio abonado.

Por tanto, el juez fija en 2.389 euros el importe que la concesionaria debe abonar a la compradora del vehículo, lo que representa el diez por ciento del precio pagado por esta cuando lo adquirió. Esta sentencia no es firme y contra la misma cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Cantabria.

En Valencia instalarán sistemas de autoconsumo en mil edificios y deducciones del 20% en el IRPF.

La Generalitat implantará en más de 1.000 edificios de su propiedad instalaciones de autoconsumo a partir de energía solar fotovoltaica para que en el año 2020 se consiga una potencia total de 20 megavatios. Esto supone una potencia instalada media de 20 KW por edificio.

Lo ha anunciado Climent durante la jornada de presentación de las Acciones de Fomento del Autoconsumo y la Movilidad Eléctrica 2017 de la Asociación de Agencias Españolas de Energía (EnerAgen), en la que ha explicado que esta acción, supondrá una inversión de unos 40 millones de euros. Asimismo, ha destacado que este plan prevé deducciones fiscales de 20 % en el IRPF para las instalaciones domésticas autoconsumo (calcula tu instalación), aplicables desde el 1 de enero, además de incentivos para fomentar el uso del autoconsumo en empresas y entidades públicas que se concretan en una línea de préstamos bonificados que entrará en vigor este mes de marzo del 2.017, con un interés del 0 % y a devolver hasta en 10 años en cuotas semestrales. Este importe del préstamo puede llegar hasta los 300.000 euros.

Ante la pasividad e incluso animadversión del Gobierno Central del PP, Climent ha asegurado que la plataforma constituirá “una herramienta potente para volver a generar confianza entre la sociedad, para que el autoconsumo sea visto como una opción de presente, que las administraciones públicas han de impulsar de forma decidida y sin fisuras”.

En cuanto al desarrollo del coche eléctrico, el conseller ha considerado, asimismo, que otro “tema clave” para la consolidación de un nuevo modelo energético es “la transición a un nuevo tipo de movilidad para el cual uno de los principales puntos es el fomento de la movilidad eléctrica”.

“Estamos trabajando en un Plan de Impulso del Vehículo Eléctrico y Extensión de la Infraestructuras de Recarga (puntos de recarga) que recogerá nuestros objetivos en el horizonte 2020, 2025 y 2030, y una batería de medidas para su impulso”, ha añadido.

Asimismo, ha explicado que el IVACE ha previsto una nueva línea específica de ayudas para el fomento de la movilidad eléctrica, que se publicará “en breve”.

Francia tiene claro el desarrollo del autoconsumo

El autoconsumo, es una forma de producción de energía eléctrica muy popular en Europa y sobre la que muchos países ya han empezado a legislar en los últimos dos o tres años. Entre ellos, Francia.

La primera introducción del autoconsumo en la regulación francesa fue en el año 2015, con la “Ley para la Transición Energética y el Crecimiento Verde”. En dicha Normativa, en el artículo 2 de dicha ley afirma que las políticas públicas “apoyan el autoconsumo de energía eléctrica” y en el artículo 119 invita al Gobierno a definir a través de una ordenanza un régimen jurídico para autogenerar y autoconsumir energía, en el que se presente el sistema de autoconsumo y las condiciones que deben tener estas instalaciones. La ordenanza, que se publicó en 2016, ha sido ratificada el pasado 25 de febrero de 2017 por el Parlamento francés, que publicó en el Boletín Oficial una ley para el fomento del autoconsumo de electricidad producida a partir de fuentes de energía renovables.

Según el Ministerio Francés, 5.000 franceses autogeneran su propia energía. No contento con este número, el Gobierno quiere dar aún más impulso.

  1. Por un lado, especifican qué es el autoconsumo, incluyendo en esta el reconocimiento del autoconsumo colectivo (es decir en edificios de viviendas). Se define “autoconsumo” como el hecho de que un generador, consuma la totalidad o parte de la electricidad que produzca con una instalación. Esta definición no precisa que la producción y el consumo deban realizarse en el mismo sitio. Además, el autoconsumo se permite cuando haya varios generadores vendiendo a un consumidor, o cuando exista un productor vendiendo a varios consumidores y pueden formar una asociación, cooperativa o sindicato de copropietarios de un barrio, edificio, etc. ya que la ley no indica qué forma debe tomar.
  2. Los operadores de red (es decir las distribuidoras) están obligados a facilitar el autoconsumo. Deben implementar las disposiciones técnicas y contractuales necesarias, en particular en lo que respecta a la medición de electricidad, para permitir el autoconsumo en condiciones transparentes y no discriminatorias. En España no encontramos más que trabas.
  3. Las instalaciones pequeñas no están obligadas a tener un contrato de venta del excedente de electricidad con un tercero, aunque sí pueden hacerlo.
  4. El establecimiento por parte de la Comisión de Regulación de Energía de peajes de acceso a las redes adecuados para el autoconsumo, que reflejen la reducción de los costes de la red que puede conllevar el autoconsumo y así promover su desarrollo. Las instalaciones de menos de 100 kW tendrán unos peajes de acceso a las redes reducidos.
  5. La simplificación de los procedimientos para las pequeñas instalaciones.
  6. La ley también introduce medidas de exención de impuestos al autoconsumo (contribución al servicio público de electricidad y los impuestos locales sobre el consumo de electricidad).

Sin lugar a dudas, un buen espejo en el que vernos reflejados. Si hubiera una voluntad real por parte del Gobierno Español.

Proposición de Ley de Autoconsumo presentada en el Congreso por todos los principales Partidos Políticos (menos el PP).

Estos serían los aspectos más relevantes que hay que destacar de La Proposición de Ley de Autoconsumo que hoy (26/01/2017) se ha presentado en el Congreso, por los principales partidos políticos (PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos, PDeCAT, Esquerra, el PNV, UPN, etc.)

  1. La Proposición de Ley no reconoce ninguna tasa “por considerar que la energía autoconsumida instantáneamente o almacenada en baterías y autoconsumida con posterioridad no debe contribuir adicionalmente a sufragar los costes del sistema eléctrico, ya que en ningún momento se hace uso de la red eléctrica”.
  2. También es destacable la supresión del Registro Administrativo de autoconsumo, “cuya razón de ser, era la necesidad de control de la energía autoconsumida y que supondría ahora una carga administrativa injustificable”.​
  3. Habilitar la posibilidad de que varios consumidores compartan instalación de autoconsumo, lo que se considera imprescindible para que el autoconsumo pueda desarrollarse en el ámbito urbano doméstico. Para ello, se procede a derogar el artículo 4.3 del Real Decreto 900/2015.
  4. Las instalaciones de autoconsumo que no inyecten energía a la red eléctrica (sistemas de inyección cero) serán legalizadas según los reglamentos técnicos correspondientes, siguiendo un procedimiento de notificación sin requerir la obtención de un punto de conexión ni ningún otro trámite administrativo, debido a que no harán uso de la red eléctrica.
  5. Adaptar el régimen sancionador en lo referente al autoconsumo al verdadero impacto del mismo en el sector eléctrico. El Partido Popular ha incluido en su Real Decreto de Autoconsumo (RD 900/2015) multas de hasta más de 30 millones de euros para autoconsumidores que incumpliesen ese RD, multas desproporcionadas que lógicamente no se han pasado jamás del papel. “En los casos en los cuales la infracción esté relacionada con el autoconsumo, la sanción máxima será el 10% de la facturación anual por consumo de energía eléctrica”

En definitiva, La Proposición de todos los partidos distingue dos modalidades de autoconsumo:

  1. Autoconsumo sin excedentes (sistemas de inyección cero). Cuando los dispositivos físicos instalados impidan la inyección de energía excedentaria a la red de distribución.
  2. Autoconsumo con excedentes. Cuando las instalaciones de generación puedan, además de suministrar energía para autoconsumo, inyectar energía excedentaria en las redes distribución.

En cuanto a la potencia instalada, las instalaciones de producción no superiores a cien kilovatios de potencia (100 kW) asociadas a modalidades de suministro con autoconsumo con excedentes -dice la Propuesta- estarán exentas de la obligación de inscripción en el registro administrativo de instalaciones de producción de energía eléctrica. Es decir, la energía autoconsumida -explican los partidos- estará exenta de todo tipo de cargos y peajes. Los excedentes de las instalaciones de generación asociadas al autoconsumo estarán sometidos al mismo tratamiento que la energía producida por el resto de las instalaciones de producción, al igual que los déficits de energía que los autoconsumidores adquieran a través de la red de distribución (consumos) estarán sometidos al mismo tratamiento que los del resto de consumidores”.

También dejan abierta la posibilidad del Balance Neto.

“Sin perjuicio de lo anterior -continúan los partidos-, reglamentariamente podrán desarrollarse mecanismos de compensación simplificada entre déficits de los autoconsumidores y excedentes de sus instalaciones de producción asociadas, que en todo caso estarán limitados a potencias de éstas no superiores a 100 kW”.

La Proposición de los partidos incluye dos disposiciones finales.

Disposición final primera. Habilitación para el desarrollo reglamentario

“El Gobierno dictará, en el ámbito de sus competencias, cuantas disposiciones reglamentarias sean precisas para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en la presente Ley en un plazo máximo de tres meses desde su entrada en vigor”.

Disposición final segunda. Entrada en vigor

“Esta Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, excepto las medidas que impliquen un aumento de los créditos o una disminución de los ingresos en relación con el presupuesto vigente, que no entrarán en vigor, en la parte que comporte afectación presupuestaria, hasta el ejercicio presupuestario siguiente al de la entrada en vigor”.

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Segunda sentencia a favor del consumidor y en contra de Volkswagen

Es la segunda sentencia en España y la primera en les Illes Balears, donde se reconoce el derecho a ser indemnizado a un consumidor de un coche afectado de segunda mano vendido por un concesionario oficial SEAT en Palma de Mallorca.

Se trata de la segunda sentencia en contra del Grupo Volkswagen y a favor del consumidor dictada en el Juzgado de Primera Instancia Nº 22 de Palma de Mallorca con fecha 9 de Diciembre de 2016, en la que da la razón a un cliente que adquirió un vehículo de ocasión modelo SEAT IBIZA 1.6 TDI con el software que manipula las emisiones contaminantes por importe de 11.000€. Hasta ahora, es la segunda sentencia favorable que se obtiene en España condenando, en este caso, al fabricante a indemnizar con 500€ al propietario por los daños y perjuicios causados, tratándose de un vehículo de segunda mano.

La importancia de esta nueva sentencia no radica tanto en la cuantía de la indemnización percibida por el consumidor, sino en la vía que se abre para que los afectados puedan reclamar una indemnización por el engaño cometido por el Grupo Volkswagen en concordancia con la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia de Valladolidad Nº 5 que fue dictada a finales de octubre.

El caso dieselgate es uno de los casos más graves de fraude masivo realizado en las últimas décadas, en el que el Grupo Volkswagen ha utilizado publicidad engañosa y desinformación al consumidor a través de una estrategia planificada utilizando un software para manipular intencionadamente las emisiones de los vehículos. Este sistema se instaló en los vehículos diésel comercializados entre los años 2008 a 2015.

Se trata de un mecanismo capaz de detectar de forma automática cuando el vehículo estaba siendo sometido a controles, adecuando las emisiones a las permitidas legales y que en condiciones normales de circulación este software se desactivaba, emitiendo hasta 40 veces más. Se estima que existen más de 8,5 millones de coches trucados en todo el mundo y más de 683.000 sólo en España, siendo Volkswagen, Seat, Audi y Skoda las marcas afectadas.

El grupo automovilístico alemán Volkswagen ha recibido su segundo varapalo en la nueva sentencia en contra en España. El despacho de abogados Martínez-Blanco, que emitió el pasado año la primera demanda nacional contra la Compañía Volkswagen-Audi España S.A. y siendo el bufete que más afectados VW representa, ha obtenido esta nueva victoria en pro de los consumidores. Con esta nueva sentencia los afectados por la compra de vehículos trucados aumentan sus posibilidades de reclamar con éxito y de obtener la indemnización total de su vehículo, fraude, daños y prejuicios.

En el 2017 vuelven las Energías Renovables

El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, se ha mostrado partidario de mejorar algunas de las condiciones del autoconsumo eléctrico en nuestro país, como lo que respecta a la venta de la energía y a las baterías de almacenamiento, pero lamentablemente exige que esos consumidores asuman proporcionalmente, como el resto de clientes, los costes del sistema. También ha indicado que todas las instalaciones de autoconsumo deberán estar registradas “por motivos de seguridad”.

Sin embargo, la portavoz de Ciudadanos en la comisión parlamentaria de Energía, Melissa Rodríguez, le ha preguntado directamente al ministro si va a derogar el impuesto al sol, tal y como consta en el pacto de Gobierno firmado entre la formación naranja y los populares. El ministro le ha contestado que en el acuerdo prevé que se eliminen “las dificultades que pudieran existir al autoconsumo eléctrico eficiente”, algo que en su opinión no implica la derogación de la legislación actual. El propio portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, se ha mostrado taxativo en la definición de este punto en el pacto de Gobierno. “En el #Pleno manifestaremos también nuestra exigencia de suprimir el conocido como ‘impuesto al sol’”, recogía la cuenta oficial de Twitter del partido naranja horas después de la comparecencia de Nadal. Un aviso para Álvaro Nadal si no quiere cargarse el pacto de Gobierno.

Asimismo, ha confirmado que en el primer semestre de 2017 habrá una segunda subasta de 3.000 MW de tecnología neutra siguiendo los criterios establecidos por la UE.